A finales del 2014, Francisco Pérez Córdova dejó su oficina/habitación en Tucson, en St. Francis en la iglesia Foothills United Methodist después de 94 días de estar en el santuario. Un año más tarde, Rosa Robles se fue de su santuario en la iglesia Southside Presbyterian en Tucson después de 461 días.
Córdova había sido detenido cuando su cuñado reportó un delito, mientras que Robles había sido detenida por una infracción de tránsito menor.
Ambos eran indocumentados, veían a los Estados Unidos como su hogar durante décadas y ambos tenían niños de los que estaban separados mientras estaban en el santuario.
“Este es su hogar y por alguna razón no queremos reconocer eso”, comentó el Rvdo. Jim Wiltbank, pastor en St.Francis en Foothills.
Casos de santuarios como estos ocurren por todo los EE. UU. — y podría surgir más después de la orden ejecutiva del presidente Trump dirigida a los residentes indocumentados. Su orden ejecutiva niega fondos federales a ciudades que tienen santuarios, o ciudades que optan por no trabajar con agentes de nivel federal para expulsar los inmigrantes indocumentados.
Con millones de dólares en juego, la orden de Trump desencadenó la oposición de los lideres empresariales y políticos del país, y de ciudades con grandes poblaciones de inmigrantes que se definen como ciudades santuario (refugio).
Sin embargo, sin una definición legal concisa del término “ciudad santuario”, hay confusión en cuanto a qué ciudades se etiquetan realmente como un santuario—qué es lo hacen y qué poder tiene el gobierno sobre ellas.
“Más de 270 jurisdicciones adoptan estas “leyes de santuarios” y Barbara Armacost, profesora de derecho en la Universidad de Virginia y autora del estudio: Sanctuary Laws’: The New Immigration Federalism, comenta que funcionarios a nivel federal, a menudo creen que las leyes estatales y locales del santuario sólo sirven para ocultar inmigrantes indocumentados y desobedecen el cumplimiento federal de inmigración. Sin embargo, este no es el caso.
“La fuerza policial podría entrar pero no estamos tratando de ocultar a estas personas de la policía”, comentó Wiltbank. “Estamos tratando de decir: “Aquí estamos, pero les estamos dando un lugar seguro”.
No obstante, a pesar de los términos “santuario” y “lugar seguro”, la iglesia tiene muy poco poder legal sobre el gobierno federal. Según Wiltbank, el poder de la iglesia en esta situación es más tradicional que legal.
“En la edad media, el edificio de la iglesia siempre se consideraba un lugar seguro donde cualquier persona podía encontrar refugio”, explicó Wiltbank.
Aunque no hay casos conocidos en los que un inmigrante indocumentado ha sido expulsado de una iglesia (santuario/refugio), es posible que un funcionario federal lo haga.
“Desafortunadamente hay poco que la seguridad nacional no pueda hacer”, comentó Sarah Launius, defensora del movimiento del santuario del sector de Tucson.
Lo que ha impedido que esto suceda en el pasado es la percepción pública. Lamentablemente vemos que la administración actual no está preocupada por la percepción publica”.
Lo que más teme a Wiltbank son las personas que rechazan a refugiados e inmigrantes mientras están bajo la guía del cristianismo. “Ellos van completamente en contra de lo que dice Mateo 25, que es ayudar a los más necesitados, y están haciendo completamente lo contrario, pero lo están haciendo bajo el disfraz de una espiritualidad y religión”, explicó. “Así que temo, sobre todo, que la gente se esté dejando engañar. En esto se basa una religión cristiana, y está siendo propagada por la gente en altos cargos de nuestro movimiento político, y lamento eso, porque nosotros siendo una nación de fe, somos mejores que eso”.
Muchos argumentan que la orden ejecutiva de Trump respecto a la negación de fondos federales a las ciudades santuarios es inconstitucional.
En virtud de la décima enmienda, que establece que todas las facultades no otorgadas al gobierno de los
- UU. pertenecen a los estados y al pueblo, los gobiernos locales se reservan el derecho de negarse a hacer cumplir la ley federal.
De acuerdo con Arnacost, esta resistencia a nivel estatal y local es la primera ola de “federalismo migratorio” y debe tomarse en serio.
Ella argumenta que las resistencias estatales y locales no pueden ser simplemente disueltas, que persistirán y que las fuerzas federales de inmigración tendrían poco éxito sin la cooperación de estas fuerzas locales y estatales.
“Los funcionarios familiarizados con las comunidades locales han identificado serios problemas a causa de la policía de inmigración, y han implementado leyes y normas diseñadas para abordar estos problemas, y eso es una razón para invitarlos a ser parte de la conversación y llegar a una solución más amplia”, comentó.
En última instancia, los lideres de los estados tienen el poder de decidir si van a incorporar leyes respecto a los santuarios. No está claro cómo Trump eliminará los fondos para a estas ciudades, sin embargo la corte suprema ha dictaminado en el pasado que las subvenciones federales a los gobiernos estatales y locales no son ejecutables a menos que “sin ambigüedad” se exprese en la ley. “Hay muchas posibilidades respecto a lo que puede hacer, pero la pregunta es si nosotros, la gente, la voz alrededor, permitiremos que eso suceda o nos levantaremos y diremos: “no, eso no somos nosotros””, manifestó Wiltbank.
Elizabeth Morales es una reportera para las Noticias Arizona Sonora, un servicio de la Facultad de Periodismo de la Universidad de Arizona. La puede contactar en moralese@email.arizona.edu
Traducido por: Carolina Padrés-Quiroga